La secretaria de
Política Municipal del PSOE de Estepona, Manuela Benítez, ha anunciado que el
grupo municipal socialista presentará una moción en el ayuntamiento para
defender la competencia de las corporaciones locales en materia de igualdad y
prevención y asistencia a las víctimas de la violencia de género
Manuela Benítez, secretaria de política municipal.
Además, ha reclamado la retirada del anteproyecto de
ley de reforma de la administración local que, a su juicio, quiere imponer el
PP porque "supondrá un paso atrás sin precedentes en la implementación de
políticas de igualdad y contra la violencia de género".
"Supone un desmantelamiento de los servicios de
promoción a la mujer que prestan las corporaciones locales" y, al mismo
tiempo, reclamará que el Ejecutivo del PP abra un proceso de diálogo con los
grupos parlamentarios, sindicatos y la FEMP, para la reforma de la Ley de Bases
de Régimen Local.
En su opinión, esta reforma trata de acabar con todos
los servicios municipales relacionados con la promoción y protección de la
mujer, y por ello, ha asegurado que con esta nueva norma de la administración
local desaparecerán los programas de atención a las mujeres, los puntos de
información, los pisos de acogida para mujeres maltratadas, o los programas de
recuperación para víctimas de violencia de género.
Benítez critica igualmente que la reforma no consigue
evitar las duplicidades, ni aclarar las competencias municipales, ni garantizar
la financiación local, ni producir un ahorro a las arcas públicas.
"Lo que hace es facilitar el traspaso de
competencias de los ayuntamientos, sobre todo pequeños, a las diputaciones
provinciales para privatizar después los servicios públicos locales", ha
resaltado.
Por todo ello, el PSOE solicitó en la pasada sesión
plenaria que los habilitados nacionales de carrera realizaran un informe “sobre
las consecuencias que para el municipio tendrá la puesta en marcha de esta
reforma”.
"Defendemos que las entidades locales deben
seguir teniendo competencia en materia de igualdad de género, de prevención y
de asistencia a las víctimas de violencia de género, para garantizar los
derechos de las mujeres y ése será el eje fundamental de nuestra moción en el
ayuntamiento", ha sentenciado Benítez.
La
Junta lamenta que las limitaciones impuestas por el gobierno central impiden la
creación del grado de Educación Física en el municipio
El ex alcalde socialista, David Valadez, junto a Adelaida de la Calle.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, aseguró el pasado 14 de marzo
en sede parlamentaria que “las normas restrictivas de carácter estatal para la
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, impiden la
incorporación de nuevo profesorado para atender nuevas necesidades docentes de
carácter universitario”.
Además, el consejero recuerda que el 9 de abril de 2010 se aprobó en el Pleno del
Consejo Andaluz de Universidades “una planificación de la implantación de
nuevas titulaciones universitarias con el horizonte 2012 entre las que se
encontraba la implantación del grado en Ciencias de la actividad física y del
deporte, vinculado al desarrollo efectivo del Campus Científico-Tecnológico de
Estepona”.
Para la concejala socialista de Estepona, Yolanda Aranda, estas
declaraciones institucionales vienen a evidenciar “una obviedad. El PP le ha
puesto reiteradamente la puntilla al proyecto universitario de Estepona”.
Así, recuerda cómo “en el anterior mandato hasta en dos ocasiones el PP
impidió que el ayuntamiento pusiese a disposición de la Universidad de Málaga y
la Junta de Andalucía los terrenos para que este ambicioso proyecto hubiese
sido una realidad”.
Prueba evidente de que al PP de Estepona “no le interesa en modo alguno los
estudios universitarios de carácter público es que en tan sólo unos meses ha
sido capaz de acabar con el convenio de colaboración firmado por el anterior
alcalde, David Valadez, y la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de
la Calle, para que en el municipio se pudiesen impartir cursos de verano
vinculados al deporte”.
“Para rizar el rizo es ahora el PP de Mariano Rajoy y García Urbano el que,
a nivel nacional, impide a la Junta que pueda contratar personal docente
para que desde la administración autonómica puedan plantearse la construcción
del grado universitario en Estepona algo que, pese a todo, resulta imposible ya
que el ayuntamiento no ha puesto a disposición de la UMA los terrenos y
dependencias necesarios para ello”, concluye Aranda.
El alcalde firma un
decreto para desalojar a una familia de la vivienda que ocupa en el complejo
Santo Tomás de Aquino
El
alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), firmó el pasado 13 de marzo
un decreto al que ha tenido acceso el grupo municipal socialista por el que
ordena “el inicio del procedimiento para la recuperación de la posesión y, en
su caso, posterior desalojo” de un inmueble ocupado por un vecino de Estepona.
Además,
en el decreto se insta al vecino “al desalojo voluntario de la vivienda, con
advertencia de que se le puede repercutir el importe de los gastos, daños y
perjuicios que se generen, si hubiera lugar a la ejecución forzosa del
desalojo”.
Cabe
recordar que el alcalde ordenó el desalojo de los quince inmuebles que el
ayuntamiento posee en el complejo escolar Santo Tomás de Aquino ofreciendo
previamente la oportunidad a sus inquilinos de adquirir las viviendas
municipales que venían ocupando a un precio medio de 40.000 euros.
Así,
el vecino en cuestión presentó el 11 de octubre del pasado año un escrito “en
el que ponía de manifiesto la imposibilidad de adquirir la vivienda” lo que
provocó que el alcalde ordenara el 10 de diciembre el desalojo del inmueble sin
que éste se haya producido ante la imposibilidad del hombre de abandonar la
vivienda.
Para
el concejal socialista de Estepona, Fernando Centeno, este hecho supone “un
auténtico disparate” ya que “el sueldo de uno solo de los cargos de confianza
del alcalde (hasta 50.000 euros) es superior a lo que el ayuntamiento pretende
recaudar con la enajenación de este inmueble”.
Del
mismo modo esta actitud es “el fiel reflejo de la manera en la que se comporta
el PP allá donde gobierna. Un comportamiento muy alejado de las últimas
decisiones adoptadas por el gobierno de la Junta de Andalucía que, al fin,
marca un antes y un después en relación al desalojo de las viviendas en
Andalucía”.
“En
Estepona es el propio ayuntamiento el que desaloja a sus propios vecinos para
recaudar unos 40.000 euros que le permita al alcalde seguir pagando
conferencias a precio de oro mientras muchos esteponeros se están viendo
literalmente en la calle y totalmente desamparados por su alcalde”, lamentó
Centeno.
El
PSOE de Estepona ha presentado varias mociones al pleno de la corporación en
relación a este asunto y siempre la respuesta del PP ha sido la de votar en
contra.
Los socialistas preguntan por los
resultados de plan de autoprotección impulsado por el ayuntamiento
El concejal socialista de Estepona, Carlos Rodríguez, ha solicitado
al equipo de gobierno del PP que “faciliten información acerca de los planes de
autoprotección impulsados por las urbanizaciones del término municipal para
prevenir incendios forestales”.
“Son muchas las urbanizaciones que nos han trasladado su preocupación por
la pasividad que está demostrando el equipo de gobierno ante las actuaciones
que ya deberían estar llevándose a cabo para evitar terribles incendios como
los que se produjeron el pasado año”, asegura el edil.
Rodríguez aseguró que “las últimas lluvias han provocado que la maleza esté
proliferando por muchas parcelas colindantes a las urbanizaciones sin que a
nadie parezca preocuparle las consecuencias que esta situación podría volver a
ocasionar a los muchos inmuebles”.
Ante esta situación desde el PSOE se solicita al equipo de gobierno que
ofrezca información acerca de las actuaciones emprendidas por las propias
urbanizaciones y el consistorio y, del mismo modo, convoque una reunión previa
al inicio del periodo estival para abordar de manera específica la situación en
la que se encuentran estos importantes núcleos poblacionales.
“No puede ser que todo el peso de la prevención recaiga, una vez más, sobre
el bolsillo y esfuerzo de los vecinos del extrarradio y el ayuntamiento
permanezca impasible ante este escenario”, aseguró el edil.
“Sabemos que el ayuntamiento estuvo distribuyendo trípticos informativos y
lo que queremos saber es si ese esfuerzo ha servido para algo o, como nos
tememos y nos indican desde las propias urbanizaciones, el ayuntamiento se ha
lavado las manos y si ocurre algo luego responsabilizará a los propios
vecinos”, concluyó el edil.
Sin embargo vota en
contra de un plan de empleo en el municipio
El grupo municipal socialista ha tenido acceso a
un decreto firmado por el alcalde de la ciudad, José María García Urbano (PP),
por el que ordena el pago de 14.785,47 euros al Grupo GQ Quator por la
organización de una conferencia con motivo de las ´Jornadas Remodelación del
casco histórico´.
El pasado 16 de marzo el director de
Informativos del Grupo Intereconomía, Javier Algarra, impartió una conferencia
sobre `Recuperación de los Cascos Históricos: un motor para la ciudad´.
Además de los gastos derivados por la
conferencia en el mismo decreto del alcalde se recogen gastos por importe de
600 euros en concepto de alojamiento en un hotel de la localidad.
En definitiva, el ayuntamiento se ha gastado un
total de 15.385, 47 euros en la organización de una conferencia “que ha costado
más cara que si la hubiese pronunciado el secretario General de la ONU o el
propio presidente de los Estados Unidos”.
“No podemos entender de ninguna de las maneras
que el mismo PP que dice que no hay dinero para mantener el comedor social o
poner en marcha un plan de empleo dirigido a los más de 9000 demandantes de
empleo que hay en la localidad destine más de 15 mil euros en la organización
de una innecesaria conferencia para mayor gloria del alcalde”, asegura el
portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez.
Valadez se pregunta, “¿qué ha supuesto para
Estepona que el ayuntamiento malgaste este dineral en esta conferencia?, ¿no
hay otras necesidades más acuciantes cuando hay tantísima gente en estos
momentos que lo están pasando mal?”.
Por todo ello, el dirigente socialista concluyó
asegurando que “el PP, como ocurre a nivel nacional con Mariano Rajoy, está
totalmente alejado de los problemas reales de los vecinos a los que tiene la
obligación de dar solución a sus problemas más acuciantes. El autobombo, el
tratar de aparentar que todo vivimos en Jauja es una mentira que causa un gran
daño a la inteligencia”.
Por último, desde el PSOE vuelve a solicitar que
el alcalde “cumpla con su promesa electoral y empiece a tomarse en serio el
terrible drama del desempleo. Prometió, una vez tras otra, que con el PP el
paro iba a desaparecer. Que destine ese dinero a la puesta en marcha de un plan
que permita a la gente tener garantizadas y cubiertas sus necesidades más
básicas”.
El grupo municipal socialista de Estepona ha anunciado
que si el director del diario ABC, Bieito Rubido, no se retracta “de manera
inmediata” de las declaraciones realizadas en el día de ayer sobre Eduardo
Madina “retirará el apoyo prestado esta misma semana a la moción presentada por
el equipo de gobierno local del PP para que el municipio dedicase una calle al
diario ABC con motivo de su 110 aniversario.
El socialista Eduardo Madina.
“Creemos firmemente en la libertad de prensa, y
también de expresión, y es más que incuestionable que este medio ha contribuido
a la consolidación de un periodismo influyente y serio que, en modo alguno, se
refleja con las patéticas y miserables declaraciones realizadas por su director
en el día de ayer”, asegura el secretario General de los socialistas
esteponeros, David Valadez.
“Si el señor Rubido no retira esas
afirmaciones y pide perdón de manera pública entendemos que debe ser el grupo
editor el que salga a la palestra para dar la cara. En caso contrario deducimos
que esa será la opinión que prevalecerá en todas las informaciones que tengan
algún tipo de relación con nuestro compañero Eduardo Madina”, aseguran los
socialistas locales.
Por último, los socialistas esteponeros instaron a la
dirección federal a que “sin remilgos y con contundencia” se ejerzan todas las
actuaciones a las que haya lugar para restituir el buen nombre de Madina a
quiénes mostraron su respaldo.
El gobierno se
compromete a solucionar, como pedía el PSOE, el problema del comedor y de la
familia que ha estado a punto de ser desahuciada
Una vez más, y como viene siendo habitual desde el
inicio del mandato, el pleno de la corporación vuelve a votar en contra de que
todos los integrantes de la corporación hagan pública su declaración de bienes.
“Todas las instituciones públicas han querido hacer
gala de una transparencia que parece no tener encaje en el seno del gobierno
local del PP de José María García Urbano. Mes a mes desde el inicio del mandato
se han opuesto a que se publique en la página web del ayuntamiento el
patrimonio que se posee al tomar posesión”, argumenta el portavoz del grupo
municipal socialista, David Valadez.
El dirigente socialista, por otro lado, ha mostrado su
satisfacción por el hecho de que “por fin el alcalde y su gobierno han dado
marcha atrás y parece haber entrado en razón al aprobar la moción que hemos
presentado para que en los próximos días el ayuntamiento se comprometa a
solucionar de manera definitiva el terrible drama que padece Leonor, la vecina
que hasta en dos ocasiones, ha estado a punto de ser desahuciada de la vivienda
que desde años viene ocupando en la calle Granada junto a su hijo”.
El PSOE, además, ha vuelto a presentar en el capítulo
de asuntos urgentes una moción para que el ayuntamiento “resuelva de manera
inmediata y definitiva el desamparo terrible que viene padeciendo el comedor
social desde que García Urbano. Hoy han votado a favor de acabar con ese
terrible e incierto panorama para satisfacción del colectivo social que lo
gestiona, personal voluntario y vecinos que se ven obligados a acudir allí de
manera diaria”.
“Nunca es tarde si la dicha es buena pero lo cierto es
que si este compromiso, que confiamos en que se cumpla en los próximos días, se
hubiese mantenido hace meses muchas personas se hubiesen ahorrado un
sufrimiento innecesario”, asegura Valadez.
El
equipo de gobierno del ayuntamiento de Estepona (PP), someterá a aprobación en
la sesión plenaria prevista para mañana jueves una modificación puntual de
elementos del PGOU relativa a la unidad de ejecución UEN-R2 Hotel Seghers.
La parcela, propiedad de Pedro Román, se encuentra situada en primera línea de playa, justo al lado de la playa de El Cristo.
Esta
parcela, propiedad del ex primer teniente alcalde del ayuntamiento de Marbella,
Pedro Román, cuenta con una superficie de 17.200 metros cuadrados y se
encuentra situada en primera línea de playa, justo al lado de la playa de El
Cristo.
El
PGOU de Estepona, de 1994 y adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía en el 2010, califica ese sector como hotelero y establece la
ubicación de las zonas verdes (un parque de treinta metros de anchura) y de
viario (una vía de servicio de ocho metros de anchura paralela a la avenida de
El Carmen).
“Lo
que el PP plantea es, bajo el pretexto de resolver una hipotética incongruencia
entre lo que establece el PGOU y la ficha del área de reparto (que establecía
el uso de poblado mediterráneo), modificar los parámetros urbanísticos del
sector”, según indica el portavoz del grupo municipal socialista de Estepona,
David Valadez.
Así,
se pasaría con esta modificación urbanística de un coeficiente de
edificabilidad de 0,4 y una edificabilidad de 6.880 metros cuadrados a un
coeficiente de 0,75 y una edificabilidad de 9.030 metros cuadrados.
Antecedentes
Cabe
recordar que ya en julio de 2002 la oposición municipal denunció que el PP, en
aquel momento al frente del ayuntamiento de la ciudad, tardó sólo cuatro días
en conceder la licencia de obras a la empresa Development Projetc, cuyo
administrador único era Pedro Román, ex primer teniente alcalde de Marbella.
Román
solicitó el 20 de mayo de 2002 la licencia, que había sido revocada en marzo de
2001 por el gobierno procedente (PSOE, PP, IU y PA). Al día siguiente, el
arquitecto municipal y el responsable de los servicios jurídicos de Urbanismo
se pronunciaron a favor de la petición. El 24 de mayo, la comisión de gobierno
del ayuntamiento, en sesión extraordinaria, daba luz verde a la licencia.
Los
mismos concejales del PP que se pronunciaron a favor (entre ellos el hoy
diputado provincial, Ignacio Mena) vetaron un año antes la licencia atendiendo
a un informe del arquitecto municipal.
En
noviembre de 2007 el juez del caso Malaya ordenaba el embargo de esta finca a
Pedro Román en Estepona.
Además
de esta finca, donde se encontraba un hotel ya derribado, el juez ordenaba
embargar al ex teniente de alcalde de Marbella dos fincas en Salamanca y un
inmueble en Madrid. El juez había fijado una fianza de un millón de euros para
que Román pudiera eludir la cárcel.
En
el sumario de la operación Astapa aparece reflejado, en febrero de 2010, que el
ex jefe del gabinete de alcaldía habría recibido el ofrecimiento de 100.000
euros para que mediara y solucionara los problemas que pesan sobre esta misma
parcela.
Según
un informe policial contenido en la parte del sumario del caso Astapa que
investiga la presunta trama de corrupción en el ayuntamiento el entonces jefe de
gabinete recibió el ofrecimiento “con el fin último de su recalificación y
poder construir un hotel”.
La
policía señalaba que los problemas para cerrar la operación eran dos: “uno, que
recae sobre él una prohibición de enajenar del juzgado número 5 de Marbella”,
que instruye el caso Malaya, y otro es que el ayuntamiento de Estepona “ha
incluido una cláusula para que este terreno pase a ser un aparcamiento público
e incluya una zona verde”.
Por
ello, el empresario, que está imputado por cohecho, estaba dispuesto a pagar
hasta 500.000 euros, a cinco personas distintas, para conseguir resolver este
expediente urbanístico.
Por
último, en enero de este mismo año el ayuntamiento de Marbella logró el embargo
preventivo de un avión, un helicóptero y 41 fincas y participaciones en una
sociedad mercantil de Román en un proceso del Tribunal de Cuentas por un valor
de 108,3 millones de euros.
El
embargo es sobre bienes de diez sociedades que “a través de personas
interpuestas o directamente, son propiedad de Pedro Román”, según indicaba el ayuntamiento,
afectaba a esta parcela de Estepona.
Según
indicaba el ayuntamiento de Marbella “hasta que se resuelva el procedimiento,
Román tiene prohibido disponer de estas fincas y bienes”.
Embargos
Además
de este último de embargo anunciado por el ayuntamiento de Marbella, cabe
resaltar que, según la información registral de los registradores de España, la
totalidad de esta finca se encuentra gravada con una anotación preventiva de
embargo, a favor del juzgado de instrucción número cinco de Marbella en
reclamación de veinte millones novecientos sesenta y nueve mil euros como
responsabilidades pecuniarias.
Por
otro lado, la totalidad de esta finca también se encuentra gravada con otra
anotación preventiva de embargo a favor del ayuntamiento de Estepona en
reclamación de 24.322,64 euros.
Además,
esta finca también se encuentra gravada con otra anotación preventiva de
embargo a favor del ayuntamiento de Marbella en reclamación de un millón
trescientos cincuenta y nueve mil doscientos sesenta y siete euros con
cincuenta y siete céntimos.
Por
si fuese poco, la totalidad de esta finca se encuentra nuevamente gravada con
una anotación preventiva de embargo a favor del Estado en reclamación de
301.791, 03 euros.
Además,
la totalidad de la finca se encuentra nuevamente gravada con otra anotación
preventiva de embargo a favor del juzgado central de instrucción número dos en
reclamación de un total de ciento noventa y tres millones ochocientos setenta
mil euros con setenta y seis céntimos.
Por
otro lado, la totalidad de esta finca se encuentra gravada con otra anotación
de embargo, a favor del Estado-Tribunal de Cuentas, en reclamación de
trescientos setenta mil treinta y cuatro euros con setenta y cinco céntimos en
concepto de principal, y ciento ocho mil doscientos noventa y tres euros con
noventa y un céntimos en concepto e intereses devengados.
Además,
la totalidad de la finca se encuentra gravada con una anotación preventiva de
embargo a favor de la cantidad Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad en reclamación de 108.394,23 euros.
Para
terminar pesan sobre la totalidad de la finca otras dos anotaciones preventivas
de embargo. La primera de ellas a favor del ayuntamiento de Marbella en
reclamación de 22.549 euros y la segunda también a favor del mismo consistorio
por importe de 16.977,60 céntimos.
El mismo día en que va
a ser desahuciada de la vivienda que venía ocupando desde hace años una vecina,
con un 86% de discapacidad, sin recursos económicos y con un hijo a su cargo,
el Boletín Oficial de la Provincia publica un edicto del alcalde, José María
García Urbano, por el que vuelve a poner, por segunda vez, a la venta los
inmuebles municipales que se encuentran vacíos en el complejo escolar Santo
Tomás de Aquino.
“Si en el día de ayer exigíamos al alcalde que
destinase uno de estos inmuebles a la familia que hoy va a ser desahuciada hoy,
vía BOP, nos responde el alcalde diciendo que no y que le da exactamente igual
la situación de desamparo de las familias esteponeras sin recursos”, lamentó el
concejal socialista, Fernando Centeno.
El edil recordó que fue en diciembre del pasado año
cuando el alcalde decidió poner a la venta los quince inmuebles municipales que
se encuentran en ese complejo y, tras ordenar el desalojo de las familias que
venían ocupándolas, y ante la imposibilidad de muchos de ellos de hacer frente
a los 40.000 euros que exigía el consistorio, ahora vuelve a intentarlo por
segunda vez.
En esta ocasión, el procedimiento para enajenar los
inmuebles, según indica el propio BOP, es el de subasta, de manera que con un
precio de partida de unos 40 mil euros (entre los 38.000 y los 43.000 euros),
se adjudicarán los inmuebles, ocho en total, a “la oferta económica más
ventajosa”.
“García Urbano y el PP están demostrando, por
desgracia, su nula sensibilidad. Todo se justifica en hacer caja a costa de lo
que sea. Mientras en toda España se está pidiendo a voces que sean los bancos
los que paralicen los desahucios en Estepona tenemos un equipo de gobierno que
supera, con creces, a las entidades bancarias en su afán recaudatorio”, afirman
los socialistas.
Desde el PSOE, además, se solicita al equipo de
gobierno del PP que “utilice estas viviendas para realojar a familias
esteponeras que hayan sido desahuciadas y carezcan de recursos propios para
acceder a una vivienda en el mercado de renta libre”.
Por todo ello, vuelven a solicitar que “de manera
inmediata paralice este edicto y destine estos inmuebles a familias que
necesitan un techo para cobijarse porque lo están perdiendo todo, o ya lo han
perdido”.
El PSOE de Estepona ha solicitado
al alcalde de la ciudad, José María García Urbano (PP), que realoje “de manera
inmediata” a la familia que mañana martes será desahuciada del inmueble que
desde hace años venía ocupando en la calle Granada en uno de los diez inmuebles
municipales que “se encuentran totalmente vacíos” en el complejo escolar Santo
Tomás de Aquino.
Los concejales socialistas Fernando Centeno y Nekane Garín.
Los concejales socialistas, Fernando Centeno y Nekane Garín, han visitado
hoy este conjunto de viviendas para “demostrar que diez se encuentran vacías y
el alcalde lo que quiere es seguir vendiéndolas, al precio de 40.000 euros,
después de que muchos de sus anteriores inquilinos, que fueron desalojados por
decreto de alcaldía, no pudiesen hacer frente a ese desembolso”.
“El sueldo de uno sólo de sus cargos de confianza (hasta 50.000 euros) es
superior a lo que el ayuntamiento pretende recaudar con su enajenación.
Esta situación está provocando que, por ejemplo, mañana mismo haya una familia
que se verá literalmente en la calle ante la absoluta insensibilidad de un
equipo de gobierno que parece estar totalmente alejado de la triste realidad
que padece Estepona”, aseguraron ambos concejales.
Del mismo modo esta actitud es “el fiel reflejo de la manera en la que se
comporta el PP allá donde gobierna. Un comportamiento muy alejado de las
últimas decisiones adoptadas por el gobierno de la Junta de Andalucía que, al
fin, marca un antes y un después en relación al desalojo de las viviendas en
Andalucía”.
El PSOE de Estepona ha presentado varias mociones al pleno de la
corporación en relación a este asunto y siempre la respuesta del PP ha sido la
de votar en contra.
Centeno y Garín defienden la necesidad de que en el ayuntamiento se cree
una oficina municipal que se encargue de orientar y asesorar legalmente a los
ciudadanos que tengan problemas para hacer frente al pago de los compromisos
adquiridos para la compra de su vivienda y no hayan alcanzado un acuerdo con la
entidad bancaria correspondiente.
Según Centeno, la oficina se encargaría también de la recogida de
información, reclamaciones y demandas de los ciudadanos afectados a través de
la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
Del mismo modo, en estas dependencias se desarrollarían labores de
intermediación y gestión con las entidades financieras para resolver estas
problemáticas. Centeno mantuvo que desde esta oficina municipal se deben dar
pasos que ayuden a la búsqueda de viviendas en alquiler y a establecer un Plan
Personalizado de Impuestos, así como a un Plan Especial de Ayudas Sociales.
Subrayó que otro de los objetivos fundamentales que persigue el partido es
apoyar la formación y la búsqueda de empleo. Asimismo, opinó que el Gobierno
local del PP debe negar “la petición de colaboración de la Policía Local en los
procesos de desahucios” y que es necesario elaborar un registro de familias
desahuciadas y en riesgo de serlo.
La política social,
educativa, de igualdad o juventud a punto de desaparecer
Leticia Teboul durante la rueda de prensa.
La secretaria de Organización del PSOE de Estepona,
Leticia Teboul, ha presentado a los medios de comunicación la campaña “Si a los pueblos No a la reforma local” en
defensa de los ayuntamientos y el municipalismo y en contra de la reforma de la
administración local del Gobierno del PP de Mariano Rajoy.
Teboul ha criticado esta reforma
porque “atenta contra la
Constitución. Después de trabajar durante 30 años en la descentralización,
volvemos atrás rompiendo la consolidación democrática de nuestro país”.
La dirigente socialista ha acusado al Gobierno del PP
de querer responsabilizar a los municipios menores de 20.000 habitantes del
endeudamiento público, “cuando
solo representa un 4% del mismo; quieren volcar toda la responsabilidad sobre
quien no la tiene” y ha añadido “esta reforma implicará la desaparición de muchos municipios, casi el
85% en la provincia de Málaga”.
Además, ha informado que con la reforma, “el PP pretende privatizar los servicios
públicos, provocando que los ciudadanos paguen más impuestos. Detrás de todo
esto se esconden los intereses del Partido Popular y de sus allegados. Antes,
los amigos del PP hacían negocios con la construcción y ahora, por causas de la
crisis, tienen que buscar otros nichos de mercado, como es el que se genera
mediante la privatización de los servicios públicos, para continuar
enriqueciéndose”.
Esta reforma no solo afectará a los pequeños
municipios, también a ciudades como Estepona. “Solo en la provincia de Málaga, se perderán 8.000 empleos
públicos con la aplicación de la reforma”.
“Con esta reforma se perderán todas las competencias
municipales existentes en materia educativa (como las guarderías municipales),
en política social o en igualdad (como el Centro de Información a la Mujer),
juventud o fomento de empleo”, lamentaba la dirigente socialista.
“Por ello vamos a pedir a través del grupo municipal
socialista un informe a Secretaría y a Intervención, para que se analice por
los técnicos municipales cómo afectará este cambio normativo a nuestro
municipio. Un alcalde, debe defender por encima de los intereses de su partido,
a sus vecinos y vecinas, al municipalismo y los servicios públicos de calidad;
justo todo lo contrario al señor García Urbano, que ha demostrado ser un
aprendiz aventajado de Mariano Rajoy en Estepona”, aseguró Teboul.
El mismo PP que “quiere destrozar el comedor social” es el que tiene tenientes de alcalde cobrando 65.000 euros y cargos de confianza 50.000
El grupo municipal socialista de Estepona presentará en la próxima sesión plenaria una moción que “garantizará el futuro “del comedor social de Estepona que a diario viene facilitando comida a unas 250 familias.
Mediante esta moción el PSOE propone que “cada concejal del equipo de gobierno, los únicos que cobran de la corporación, así como sus 14 cargos de confianza abonen todos los meses 100 euros de sus abultadas nóminas a garantizar la viabilidad del comedor social”.
“Si tenemos en cuenta que los concejales del PP de Estepona llegan a cobrar 65.000 euros y sus cargos de confianza hasta 50.000 euros entendemos que no se negarán a esta iniciativa que trata de garantizar que 250 familias de Estepona tengan cubiertas sus necesidades más básicas”, asegura el portavoz del grupo municipal socialista de Estepona, David Valadez.
El responsable socialista indicó que con tan sólo 100 euros, multiplicados por 30 (que son el número de concejales y cargos de confianza con los que cuenta el PP en el ayuntamiento), dan un total de 3.000 euros. Cifra que multiplicada por catorce, el número de pagas que tienen los concejales y sus cargos de confianza, dan un total de 42.000 euros, dos mil euros más incluso de lo que contempla el convenio anualmente.
Desde el PSOE se lamenta que “el absoluto desprecio que García Urbano y su equipo de gobierno del PP profesa hacia los colectivos sociales que trabajan a favor de los que menos recursos tiene puede suponer que en las próximas semanas desaparezca el comedor social con el que cuenta el municipio desde el 19 de abril de 2010”.
Valadez recuerda que, mediante la firma de un convenio de colaboración, el ayuntamiento se comprometía a entregar a la ONG la cantidad de 4.000 euros mensuales (3.000 para gastos de personal y 1.000 para la compra de alimentos), y a abonar los recibos de agua y luz.
“No entendemos cómo el ayuntamiento tiene dinero para pagar 65.000 euros al mes a sus concejales, o para fiestas, jolgorios y cachondeo, cuando hay gente que no tiene ni para comer y el único alivio que tienen está a punto de desaparecer por culpa de García Urbano”, asegura el portavoz socialista.
Por último, Valadez quiso agradecer a todos los voluntarios y profesionales de Emaús Obra de Amor el “magnífico e impagable trabajo que diariamente llevan a cabo”.
Heredia asegura que el alcalde de
Estepona es “el Rajoy de Estepona”: recortes y pérdidas de derechos
Miguel Ángel Heredia y David Valadez.
El
secretario General del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha anunciado hoy
que el Grupo Parlamentario socialista solicitará al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social que entregue al PSOE copia de lo que el grupo municipal
socialista del ayuntamiento viene reclamando, pleno tras pleno, y ante
comparecencias ante el secretario General de la corporación, desde hace un año.
“Queremos
saber si el ayuntamiento de Estepona como sospechamos, ha dejado de pagar sus
mensualidades a la Tesorería General de la Seguridad Social, desde que García
Urbano es alcalde con lo que ello supone para el consistorio”, aseguró Heredia.
El
dirigente socialista manifestó que “con nuestra interpelación pretendemos saber
qué ha pagado el ayuntamiento desde que García Urbano es alcalde, cómo se
encuentra la deuda, y en cuánto ha podido aumentar por su irresponsabilidad”.
Heredia
recordó que fue “en el anterior mandato la única vez que el ayuntamiento asumió
sus compromisos con esta institución en toda su historia. De no haber sido así
el municipio no se hubiese podido beneficiar de los Fondos Estatales de
Inversión Local puestos en marcha por el anterior gobierno socialista”.
“Gracias
a las gestiones del anterior alcalde el municipio se benefició de la inversión
de unos 18 millones de euros. Así, se ejecutaron proyectos como la remodelación
integral de más de 20 calles del casco histórico o la que finalizará el próximo
mes de abril tras dos años de paralización por parte del gobierno local de
García Urbano”.
Hay
que recordar que en el próximo mes de abril desaparecerán del casco urbano de
Estepona las cuatro torretas de alta tensión que aún permanecen “gracias a las
gestiones llevadas por David Valadez que consiguió destinar casi 800.000 euros
a acometer esta petición histórica de los vecinos del municipio”.
El
secretario General de los socialistas malagueños también tuvo palabras para
advertir del daño que podría ocasionar al municipio la supresión o reducción de
las inversiones por parte del gobierno del PP en el Plan Qualifica.
Se trata
de un plan de mejora impulsado por la Junta de Andalucía que beneficia a los
municipios de la Costa del Sol.
“Gracias
a este plan hace escasos días, por cierto sin que el alcalde invitase al grupo
municipal socialista a su inauguración, el municipio ha pasado a contar con una
remodelación integral del entorno del faro pesquero”, aseguró Heredia.
Además
añadió que “este proyecto, una vez más, fue promovido por el anterior alcalde,
David Valadez, que lo puso en marcha rescatándolo de los cajones y tras firmar
un ambicioso convenio con la Autoridad Portuaria”.
Por
último, Heredia lamentó que “no está dispuesto con sus decisiones a ahogar al
único sector que mantiene el tipo en esta crisis: el turístico. Desde que
gobierna el PP tenemos en la provincia de Málaga un sector turístico menos
competitivo”.
“García Urbano sigue
poniendo en peligro la vida de miles de conductores por un mero capricho
oportunista”, lamenta el dirigente socialista
El PSOE de Estepona ha exigido al alcalde de la
ciudad, José María García Urbano, que “de una manera inmediata dote de
suministro eléctrico la autovía A-7 a su paso por Estepona “.
Así, el concejal socialista de Estepona,
Fernando Centeno, ha asegurado que también en esta cuestión el alcalde ha
vuelto a mentir “hasta en dos ocasiones” al asegurar en primer lugar que sería
el ministerio de Fomento el que debería asumir este gasto y, con posterioridad,
al asegurar que sería la empresa concesionaria grupo Ortiz, la que acometería
la inversión al haberlo contemplado como una mejora en el proceso de
adjudicación.
Centeno, así, recuerda que fue en octubre de
2011 cuando García Urbano anunció su intención de dejar de pagar
por un servicio que consideraba competencia del Estado. En aquel momento
aseguraba que “si fuera una vía urbana todos los gastos, mantenimiento,
utilización y demás los decide el ayuntamiento. Si es una carretera nacional
corresponde al Ministerio de Fomento”.
Hay que recordar que en aquel momento era el
PSOE el partido político que dirigía los designios del gobierno de España. “En
aquel momento los malos de la película eran los responsables socialista del
gobierno de España”, recuerda Centeno.
Desde ese momento fueron muchísimas las críticas
por una decisión “absurda” del alcalde que “prefería ahorrar dinero poniendo en
riesgo la seguridad vial de miles de conductores para tener con que pagar los
65.000 euros que cobran al año los tenientes alcalde o los 50.000 euros que
llegan a cobrar sus cargos de confianza”.
A raíz de ahí el ayuntamiento anunció en
septiembre del año pasado que la empresa a la que se le había adjudicado la
gestión de las brigadas operativas, Grupo Ortiz, repondría el suministro en el
mismo mes en toda la autovía a su paso por Estepona.
“La realidad es que tras estas mentiras a día de
hoy hay numerosos tramos de la autovía que siguen sin la más mínima iluminación
eléctrica, caso de un tramo de Parque Antena o la entrada a Estepona por la
zona de Caniquiqui”, lamentó Centeno.
Por todo ello desde el PSOE se vuelve a
solicitar al equipo de gobierno a que “se cumplan los compromisos y dejen de
jugar con la seguridad con la vial de los esteponeros y visitantes”.